Shadya, otra víctima de la violencia digital y el abandono estatal



“Donde nada nos limite. Nada nos defina”, escribió en su cuenta de Facebook, Verónica Shadya Altamirano, junto a un video de su grupo de danza (una de sus pasiones) el 8 de marzo en la celebración municipal de la localidad de Pinto, Santiago del Estero, para el Día Internacional de la Mujeres.
Hacía pocos días, el 26 de febrero, Shadya había logrado ponerle fin a una relación de nueve años. En los últimos tiempos, el vínculo con esa persona que actualmente tiene 43 años y que, según su mamá mantenía una relación bastante inestable, había escalado en una violencia que la joven llegó a relatar a través de mensajes que les enviaba a sus amigas.
Shadya tenía 29 años y hacía dos se había recibido de abogada. Compartía con su familia el amor por las danzas folklóricas y era una amiga muy querida. Días después de haber terminado con la relación, se enteró que su expareja estaba difundiendo videos íntimos en grupos de WhatsApp. Angustiada, el 1 de marzo, Shadya se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 15 para dejar constancia de las amenazas que estaba sufriendo por parte de ese hombre y por la difusión de material sexual sin su consentimiento. Según publicó El Liberal, la joven también refirió haber sido “víctima de maltrato psicológico, violencia sexual y física” y que “era insostenible la relación”.
La denuncia de Shadya no generó ninguna medida para evitar que su expareja siguiera difundiendo esos videos ni hubo un seguimiento del tema. “Ahora todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía, según su entorno. La vergüenza y la desesperación que la joven manifestaba la llevaron a quitarse la vida y el sábado 11 de abril fue encontrada por su papá. La fiscalía ordenó pericias sobre el celular de la joven y sobre unos blister de pastillas hallados en el lugar de su muerte.
Desde la jurisdicción legal de Añatuya, las dos juezas de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María González Ruiz y Gladys Liliana Lami informaron que nunca recibieron una solicitud de medidas cautelares para proteger a Shadya. El pedido, según el protocolo, debería haber sido elevado desde la fiscalía de Añatuya, pero, según afirman las juezas, nunca llegó. Esa fiscalía está a cargo de la fiscal María Emilia Ganem, señalada por un supuesto vínculo familiar con el denunciado, la expareja de Shadya. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado (que el sábado fue bajado de la web del MPF) en el que expresan lo contrario. Dice que la denuncia fue atendida y que se le ofreció un botón antipánico que Shadya se negó a recibir.
La dolorosa muerte Shadya evidencia el abandono estatal en materia de violencia digital. También demuestra la falta de herramientas por parte de la Justicia para intervenir en estos casos. El botón antipánico no era suficiente ni impedía que el hostigador de Shadya siguiera difundiendo los videos. En los días, previos a su muerte, la joven estaba abrumada y, de acuerdo a lo que su mamá dijo ante la Justicia, estaba psicológicamente vulnerable.
La falta de comprensión sobre qué es la violencia digital en sus diversas formas y cómo impacta en la vida de las personas que la sufren provoca la falta de medidas de protección, no solo legales, también de acompañamiento psicológico.
En los últimos años, los feminismos vienen trabajando intensamente en generar proyectos y pensar normativa que permitan avanzar sobre este tipo de casos.
El suicidio de Shadya en situación de violencia digital no es la primera en la Argentina. Un caso emblemático es el de Belén San Román, una oficial de la policía que se suicidó en Bragado tras la difusión de videos de su intimidad. Su papá, Marcelo San Román, fue parte del trabajo que organizaciones especialistas en el tema, como Gentic o Ley Olimpia Argentina, realizaron intensamente para lograr leyes al respecto.
En la Argentina se aprobó la llamada Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital a la Ley Integral de Violencia de Género, pero no se llegó a aprobar Ley Belén. Esta última ley buscaba tipificar precisamente incluir en el Código Penal una penalización para quienes difundan y propaguen videos íntimos sin consentimiento. Pero también apuntaba a la capacitación puntualmente sobre este tipo de violencia que se expande en el mundo y tiene diversos soportes.
En agosto de 2024, Ema Bondaruk, de 16 años, se suicidó luego de que en su escuela se difundieran videos de su intimidad. Fue otro triste caso emblema. Tras su muerte, activistas junto a la entonces diputada Mónica Macha lograron elaborar y darle curso a la Guía Ema para trabajar la prevención de la violencia digital en los espacios escolares.