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                        <title>Esperan una condena ejemplar contra el ginecólogo Diego Clementi por abusar sexualmente de al menos 14 mujeres</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:51:55 +0000</pubDate>
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El juicio contra el ginecólogo Diego Javier Clementi, que se está realizando en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora llega a su etapa final tras la jornada de alegatos que se realizó el viernes 5 de diciembre. El médico está acusado de abusar de 14 pacientes mujeres durante su atención en una clínica privada en Burzaco entre los años 2017 y 2022.
El resultado del proceso judicial se conocerá el 22 de diciembre. Desde la fiscalía, se pidió para Clementi 15 años de prisión mientras que desde el particular damnificado (querella) 22 años. Está acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, acceso carnal gravemente ultrajante e inhabilitación especial perpetua.
Los testimonios de las víctimas exponen ciertas similitudes entre una y otra agresión. De acuerdo a lo que contaron a Tiempo Argentino, entre las agresiones estuvieron que les apoyó su miembro en la zona genital, las manoseó en sus partes íntimas y otras prácticas sin justificación terapéutica. Dos de las agresiones, incluso, se dieron en el contexto de una interrupción del embarazo, en ese entonces todavía ilegal.
Los abusos que se denuncian sucedieron en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco cuyo director era el mismo Clementi. Últimamente se desempeñaba como médico en su clínica privada que lleva el nombre Sur Gametos, ubicada en avenida Espora 3187. Tras las denuncias, fue apartado de su cargo como jefe médico en el Hospital Evita de Lanús. Su matrícula médica, emitida por el Colegio de Médicos nunca dejó de estar vigente.
Llegar al juicio oral fue muy dificultoso para el equipo de abogados integrado por Claudia Perugino y Carlos Zimmerman que representa a las víctimas. En primer lugar, había desarchivar una primera causa que había sido realizada a través del sistema informático. A partir de esa primera víctima que se acercó a Perugino comenzaron a surgir otras denunciantes que hoy son parte de la causa.
A pesar de que Perugino y Zimmerman tienen vasta experiencia en causas de violencia de género (lograron la primera sentencia por femicidio en Lomas) la abogada reconoce la complejidad de las víctimas de violencia sexual. “Es difícil. En este caso, muchas habían desistido en la acción y sacar de archivo fue poner en marcha en sus psiquis toda esta situación. Algunas ni siquiera lo habían hablado con sus familias. Otras, al enterarse de la causa se animaron a contar lo que vivieron”, dice Perugino a Tiempo.
La abogada reconocía la clínica donde ocurrieron los abusos porque le llamaba mucho la atención un cartel que tenía en la fachada. Decía «Ni Una Menos». Cuando se encontró con aquella primera denunciante no podía creer lo que escuchaba: se trataba de un médico muy conocido y había sucedido en un centro médico importante, que también era conocido por realizar, por mucho dinero, abortos clandestinos. Junto con su socio, Carlos Zimmerman se enteraron que había otras denuncias y que todas habían llegado sin representación. Al activar la causa, propusieron la representación pero algunas de las mujeres no tenían cómo pagarles. Ellos, las representaron igual.
Ese fue el inicio del caso, al que fueron sumando muchas otras denuncias. «Seguían y siguen todos los días llegando algun testimonio que dice &#8216;a mí me pasó lo mismo. Yo fui víctima de Clemente, en tal circunstancia'», expresa.
No es el único caso de abuso en contexto de atención ginecológica. También hubo un caso en Corrientes, el de Gerardo Dahsey el de Guillermo Focaccia en Neuquén. Sin embargo, el juicio a Clemente es el que tiene más cantidad de víctimas. La condena, opina la abogada, podría sacar a la luz nuevas víctimas.
«Que surjan estos casos también ss producto de los feminismos y del movimiento de mujeres. Ésto también va a servir para que las mujeres se animen a hablar. Ellos dicen que este es un movimiento de las feministas para que los varones dejen de atender. Y no, todas las denuncias que tiene son en su clínica privada. Él en el hospital no tuvo denuncias. Así como él los abortos clandestinos los practicaba en su clínica privada, en el hospital era objetor de conciencia».
El juicio es otra instancia dolorosa para las víctimas porque tienen que volver a contar, quizá con más detalles, lo que les sucedió. Por eso, les recomendó que hicieran terapia antes de enfrentar el proceso. “Es todo muy confuso para las víctimas. Una va al médico a curarse una dolencia a buscar una respuesta. Sobre todo, el ginecólogo, las mujeres sabemos lo que significa ir al ginecólogo, sacarse la ropa, exponer toda la intimidad, todo lo que eso significa. Muchas salían mal pero no encontraban qué nombre ponerle a ese malestar. Otras se dieron en la primera consulta y no volvieron, pero otras estuvieron muchos años para entender los que les había sucedió. Fue un proceso muy duro y muy terrible”, agrega.
A lo largo del juicio, cuenta Perugino vivió hechos que nunca en 30 años como abogada no le había pasado. “Me han hecho de todo en este juicio. Me han hecho pintadas, me han gritado, me han arrojado cosas hasta tuve que hacer una denuncia por hostigamiento. Y lo último fue que el viernes durante la jornada de alegatos, desde la defensa me acusaron de estar ‘reclutando víctimas’ con un megáfono. También dijeron que participé de escraches. Es un disparate”, dice
Como era de esperar, desde la defensa, desplegaron una serie de argumentos ridículos acerca de la acusación y por supuesto, al descrédito de las víctimas. Hablaron de manipulación psicológica, aludieron al falso SAP, falsas denuncias y hasta llegaron a decir que es una cuestión política porque Clementi fue asesor de Florencia Retamoso, exrefenta del PRO y actual diputada por la Libertad Avanza y es opositor a Kicillof. Entre sus últimos manotazos de ahogado, llegaron a decir que si el juez condena al médico se perderán muchas vidas porque es especialista en detección de cáncer.
En este sentido, Perugino aclara que las víctimas, a pesar de que tienen derecho a hacerlo, en ningún momento los instruyeron para iniciar un juicio civil y llegar a un resarcimiento económico. “El único objetivo de ellas es que Clementi no siga victimizando y sometiendo a otras mujeres en la atención médica. A ella nunca las movilizó un objetivo económico, ni como él dice que lo quieren perjudicar”, explica. Tampoco es algo contra los médicos varones, como también se dijo desde la defensa. “No todos los médicos son abusadores, de hecho, el de Clementi es el único caso que tenemos en el departamento judicial de Lomas.
A pesar de las falacias de la defensa, para Perugino la fiscalía fue contundente en su acusación. “Muchos de los argumentos que desplegó eran los argumentos que nosotros teníamos, de modo que creemos y estamos convencidos y convencidas de que lo único que lo espera a este hombre es una condena a la altura de las circunstancias”. Para la abogada, es necesario que exista algún tipo de protocolo de atención en consultorio, sobre todo para consultas ginecológicas.
Tanto Perugino como Zimmerman esperan que se haga justicia y que el acusado reciba una condena contundente y ejemplificadora. «Que sirva esto como precedente de qué corresponde y que no en el marco de las consultas ginecológicas. Nuestro objetivo es que estas mujeres puedan seguir con sus vidas. Nosotros tenemos muchos años de ejercicio de la profesión y de acompañamiento a víctimas. Después del juicio, después de haber declarado, después de de la condena, las víctimas sienten un alivio».
Recuerda que luego de declarar, una de las víctimas, angustiada le dijo «tuve la sensacion de que me saqué a Clemente de encima». «Eso es también encontrar justicia», expresa la abogada a Tiempo. «Nosotros creemos en las instituciones, lo nuestro siempre fue pelear en el expediente, tratar de desarchivar las causas, tratar de elevarla a juicio, tratar en el juicio de lograr una condena. Siempre fue esa la motivación. Y yo creo que es una buena oportunidad que tiene el Sistema de Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de darle una respuesta a la sociedad sobre este tipo de hechos y darle una condena ejemplificadora».
Como las víctimas, aspira a que Clementi no siga atendiendo, «que no someta a otras a estas aberraciones que han sufrido estas víctimas. Y también que se sepa que si sucede, podemos denunciar y vamos a encontrar un sistema judicial que nos escuche. Me parece que ese es el objetivo»
Aclara que el contexto en el que se desarrolla el juicio no es el ideal. «Estamos con un gobierno nacional negacionista de los derechos humanos y negacionista de de la violencia de género que ha destruido como un objetivo primordial y clave el Ministerio de las Mujeres y todos los programas que ese ministerio había puesto en marcha en función de los derechos. Que también destruyó todos los programas que había en el Ministerio de Justicia. Destruyó todo. Esta es la respuesta de que nosotras seguimos luchando por una sociedad donde la violencia de género no tenga lugar. Vamos a seguir adelante con las denuncias ante cada injusticia.»
Las mujeres que acusaron a Clementi no son amigas ni armaron esta denuncia en grupo, como dicen desde la defensa para desacreditarlas. Sin embargo, estuvieron juntas ante tribunales mientras se realizaban las audiencias. “En las primeras jornadas venían mujeres a decir ‘yo fui víctima’, quiero denunciar´”.
El resultado del juicio se conocerá el 22 de diciembre. Actualmente hay cuatro nuevas denuncias contra Clementi, dos de ellas están en curso.
Las mujeres que fueron víctimas de Clementi armaron la cuenta de Instagram @hastacadoc donde recibieron muchos más relatos de otras pacientes que padecieron abuso sexual por parte del médico ginecólogo.]]></content:encoded>
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                        <title>Aborto legal: a pesar del desfinanciamiento nacional el derecho se garantiza</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:50:47 +0000</pubDate>
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El 30 de diciembre se cumplen cuatro años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, un derecho que se ganó en las calles y en todos lados pero que desde finales del año pasado comenzó a transitar un nuevo hito en su camino: el de sostenerse pese al desfinanciamiento de las políticas públicas nacionales que hacen posible que abortar, en Argentina, sea una acción relacionada a la libertad de decidir y no al miedo. La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cambió la vida de miles de mujeres y personas gestantes, tal como anticiparon los feminismos que sucedería.
Conocida como Ley IVE, esta norma fortaleció la salud sexual y reproductiva de la población, logró descender la muerte materna y permitió sacarle el velo tabú del aborto. La Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina (REDAAS) es una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina. Este año presentaron el reporte “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”, en el marco del Proyecto Mirar, una iniciativa que nace luego de la sanción de la Ley IVE, con el objetivo de monitorear su implementación en Argentina.
Este proyecto recopila, analiza y difunde información para la toma de decisiones y la incidencia con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto. El mismo asegura que “desde que la interrupción del embarazo es ley, se lograron cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE”.
Entre los hallazgos más significativos se encuentra la tendencia al descenso de las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes. El documento también resalta que, desde que el aborto es ley, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. “Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina” asegura el documento.
Otros datos que se destacan son la disminución del número de muertes maternas por aborto, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados y también el crecimiento de los servicios de salud pública que realizan abortos: de 2020 a 2023 se duplicaron.
Al momento de analizar el contexto actual en el que se implementa el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes, el Proyecto Mirar hace énfasis en el quiebre que se da a partir del inicio de la gestión de Javier Milei. El informe asegura que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%.
Basado en información de acceso público, el informe da cuenta de que el Estado Nacional tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673. La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades y la entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.
De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como él implante subdérmico, que se distribuían en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa un 57% menos.
Aun con el recuerdo de las movilizaciones masivas que reclamaron sistemáticamente por la sanción de la ley a flor de piel, desde los equipos de salud a las activistas, todxs dan cuenta de los esfuerzos que este año debieron hacer para garantizar este derecho fundamental para la mujeres y personas gestantes. Ruth Zurbriggen es integrante de Socorristas en Red y de la Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén. Camina, piensa y activa desde hace muchos años por los derechos reproductivos y no reproductivos.
En diálogo con Tiempo, aseguró que “la existencia y puesta en marcha de la Ley 27610 trajo bienestar y salud”. Para ella, la ley posibilitó cambios en relación a cómo vincularse con la decisión de abortar. “Les dio la posibilidad a las personas de decidir con mayor libertad, seguridad, dignidad y justicia” asegura.
Cuenta que desde Socorristas en Red hay múltiples ejemplos de cómo esto se fue expresando y uno de ellos está en el modo de expresar la necesidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. “Simplemente nombrando la palabra aborto. Diciendo aborto” dice y explica que “esto es efecto de la inmensa trama de hechos, acontecimientos, prácticas políticas, luchas callejeras y derechos alcanzados en los que se engarza la lucha incansable y amplia por el aborto legal, seguro y gratuito. En Socorristas en Red la nombramos como la ley más colectivamente luchada”
Para Ruth, la sanción de la ley puso en marcha un proceso intenso y articulado desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para implementar este derecho pero pese a esos esfuerzos, recuerda que “tampoco fue un proceso fácil ni armónico”. Ese escenario, afirma la activista, tiene un fuerte quiebre en diciembre de 2023 con la llegada de Javier Milei a la presidencia.
“Todos los recortes y vaciamientos a la salud pública afectan directamente a la Ley 27.610” aseguró. En ese sentido dice que esto “obstaculiza el acceso a la justicia reproductiva, ya que existe un desentendimiento irresponsable de lo que implica la salud sexual, reproductiva y no reproductiva para las poblaciones y la importancia de que el Estado proyecte políticas específicas. Lo que fue pasando con el Plan ENIA es parte de esa irresponsabilidad cruel y dañina”
Ruth reflexiona que, junto con el vaciamiento, están las narrativas en contra del aborto que se difunden desde voces oficiales.”Es una especie de combo explosivo, donde vemos vaciamiento presupuestario a nivel nacional y el interés por instalar discursos que desalienten a quienes activamos por el derecho a las autonomías y libertades corporales”
En ese sentido Zurbriggen afirma que es necesario insistir con campañas sobre la vigencia de la ley para que el acceso al aborto no se ponga en duda.
Es el nombre del último informe del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health que tiene el objetivo de monitorear la implementación de la ley de aborto en Argentina. En el 4 aniversario de la Ley 27.610 el informe subraya la necesidad de registrar los esfuerzos a nivel jurisdiccional por sostener este derecho y brindar herramientas para superar los obstáculos.
Dieciocho jurisdicciones respondieron acerca de lo ocurrido en el 1er semestre de 2024 con lo que el documento despliega indicadores de acceso y calidad al aborto seguro y legal en Argentina.]]></content:encoded>
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                        <title>Aborto legal: uno de los derechos más debatidos cumple tres años de sanción</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:49:40 +0000</pubDate>
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El 30 de diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se sancionó junto al Plan de los 1000 días. La ley, tal como lo demandó durante años el movimiento feminista, cambió la vida de miles de mujeres y personas gestantes.
A pesar de autopercibirse liberales, durante la campaña presidencial, tanto Javier Milei como varios referentes de La Libertad Avanza atacaron la Ley de Interrupción Voluntaria, norma que tiene como base la autonomía de los cuerpos. Conocida como Ley IVE, esta norma fortaleció la salud sexual y reproductiva de la población, logró descender la muerte materna y permitió sacarle el velo tabú del aborto.
Desde el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES), el 4 de diciembre dieron a conocer el informe “Es mucho más que un aborto”, donde se analizan el impacto de la ley desde su aprobación. El informe consigna que “hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023 la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto”.
El informe agrega que los datos muestran el desempeño de la política pública nacional y provincial a pesar de que existen desigualdades territoriales para acceder al derecho.
Con fakes news y frases de absoluto sentido común, se instaló en los últimos meses la idea de que en la Argentina se abortan “niñxs a término” o de embarazos avanzados. Sin embargo, el 90% de los abortos en este país, desde que se sancionó la ley, a finales de 2020, se producen en el primer trimestre, son domiciliarios y con pastillas.
Los casos de abortos en segundo trimestre son muy pocos y en la mayoría de los casos se trata de adolescentes que sufrieron abusos y tienen vergüenza o miedo de contarlo. También sucede con mujeres con anticonceptivos mal tomados o con la inyección mal aplicada.
En ese sentido, María Stella Manzano, tocoginecóloga, explica, “la ley que se sancionó, de aborto voluntario, dice que ninguna mujer tiene que dar explicaciones para abortar hasta las 14 semanas y seis días. Es cuando todavía los embriones son muy pequeños. Y no tiene que dar explicaciones porque está demostrado que mientras los abortos son muy seguros para la mujer, los partos son peligrosos”
El informe de Mirar consigna que entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. “Son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad”, añade.
Manzano, agrega a esto, “esta ley es muy importante para nosotras. Redujo significativamente la mortalidad materna en Argentina. En ningún país del mundo se ha logrado reducir a cero la mortalidad en los partos, porque, de hecho, la mayoría de las mujeres que mueren empezaron sanas el embarazo, y en el último trimestre el propio embarazo causa muchas enfermedades o se agravan enfermedades previas y aparecen problemas renales, cardíacos. También es muy común la mortalidad postparto inmediato por hemorragias clínicas o infecciones.”
La ley también impactó en las adolescencias. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) destaca del informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) que hubo un un descenso de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes: desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021. Eso implica una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021.
“Se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados”.
Hace más de 10 años que la colectiva Socorristas en Red (SenRed) acompaña abortos en todo el país. Con los años, la red se expandió en varias provincias y fue implementando mejoras para que los acompañamientos sean con la mayor cantidad de información posible, en contexto de amorosidad y sobre todo de cuidado en la salud.
De acuerdo al informe 2022 que SenRed dio a conocer este año, se brindó acompañamiento e información a 13.292 personas que manifestaron su decisión de abortar. El 10% abortó en el sistema de salud, y el resto de manera autogestionada. El 100% recibió contención, información, instrucciones, mensajes de WhastApp, llamadas telefónicas, compañía virtual y presencial de socorristas.
El 91% de las personas que se contactó con SenRed cursaba 12 o menos semanas de embarazo, y el 70% -de las mayores de 18 años- sabía que podía solicitar un aborto voluntario y legal en el sistema de salud.
Los resultados de esta ley, de alto impacto para una gran mayoría de la población, lejos de rediscutirse debe afianzar su aplicación. La nueva gestión deberá estar a la altura para responder a las necesidades de una política pública ya instalada en la sociedad.]]></content:encoded>
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                        <title>«Pañuelazo» para exigir nulidad de la causa contra médica que hizo una ILE</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:48:33 +0000</pubDate>
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Integrantes de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito realizarán este viernes al mediodía un «pañuelazo» frente a la legislatura de Salta, para exigir la nulidad de la causa contra la médica salteña Miranda Ruiz, quien fue imputada por realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), práctica contemplada en la legislación argentina. Además del «pañuelazo», Miranda Ruiz, junto con su abogado Oscar Guillén, brindarán una conferencia de prensa a las 12.
Desde la Red recordaron que la médica fue “imputada injustamente por la justicia patriarcal salteña, que aún no se actualizó con los alcances de la ley y pretende que las mujeres y personas gestantes que deciden sobre su cuerpo no accedan a su derecho y sigan exponiéndose a abortos inseguros y clandestinos”. “Es por este motivo que, como profesionales de la salud decimos: garantizar derecho no es delito, basta de criminalizar y sumamos nuestro apoyo al pedido de nulidad de la causa de Miranda Ruiz, que además de presentar muchas irregularidades jurídicas, no tiene sentido alguno, ya que se imputa por algo que está en el marco de ley”, señalaron.
El 14 de julio pasado, la Red de Profesionales había llevado a cabo un «chaquetazo» frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), también para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica salteña.
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional. En esa oportunidad, la organización había dicho que «el hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma”. El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.]]></content:encoded>
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                        <title>La Asamblea antifascista resolvió movilizar el 1 de febrero a Plaza de Mayo, tras el ataque de Milei al colectivo LGBTIQ+</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:47:25 +0000</pubDate>
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Como parte de las respuestas que surgieron en estos días, la Asamblea Antifascista LGTBIQ+ reunió a miles de personas en el Anfiteatro del Parque Lezama para repudiar los dichos del presidente Javier Milei y organizar la respuesta. Con la consigna «La vida está en riesgo. ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más», diversos colectivos resolvieron convocar a acciones de emergencia en las calles de todo el país y pensar una agenda común que repudie masivamente estas iniciativas del gobierno. Por votación se resolvió que la primera movilización se realizará el sábado 1 de febrero desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo.
La Asamblea reunió a muchos otros sectores afectados por las políticas del gobierno libertario, además de los distintos colectivos LGBTIQ+ convertidos en el foco de la agresión presidencial. Trabajadores y trabajadoras despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Hospital Posadas, y del Hospital Laura Bonaparte, del CONICET, entre otros atravesados por el vaciamiento de políticas públicas, y la amenaza de dar de baja el cupo laboral trans en las instituciones del Estado.
Los cantitos “Milei, basura, vos sos la dictadura” y «¿A dónde está? Que no se ve&#8230; esa famosa CGT» expresaron la amplia agenda que atravesó al debate. El mensaje a la central obrera tuvo como base el empobrecimiento salarial y la falta de acción de algunos sectores sindicales.
La propuesta de una movilización masiva, caravanas en la Ciudad y réplicas en todo el país fue el acuerdo básico votado cerca de las 21, cuando ya era noche en la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno de Javier Milei buscó esta semana alinearse al ataque frontal contra el colectivo LGBTIQ+ y los feminismos de parte de líderes de la ultraderecha, luego delas medidas dictadas por Donald Trump desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Lo hizoen su discurso en Davos en el que se encargó de enumerar una serie de desinformaciones, falacias, mentiras y manipulaciones. Y ahora buscará hacerlo en el plano normativo. Según trascendió en medios nacionales, Milei presentará el proyecto “Igualdad ante la Ley” en la apertura de sesiones legislativas el 1° de marzo. Con él atacará derechos conquistados como la ley de identidad de género -emblema en el mundo entero-, el cupo laboral trans y la figura de “femicidio”, entre otros tópicos. El activismo respondió con denuncias y la convocatoria a asambleas en todo el país.
La respuesta se organizó en menos de 24 horas bajo la forma de encuentros y asambleas a lo largo y ancho del país a realizarse durante este fin de semana.
Valu Iapalucci tiene su DNI no binario desde hace poco. El año pasado terminó sus estudios secundarios en el Programa Fines, una política pública que el Estado Nacional congeló, como la mayoría de las que tenía como objetivo generar inclusión. «Nadie debería sacar los derechos que ya tenemos. Por algo luchamos tanto. Cada persona es libre de sentirse y de ser como quiera ser”, dice. En relación a la posibilidad de que se eliminen derechos como el DNI no binario o el cupo laboral trans, reflexionó : «Los derechos que ya tenemos se tienen que quedar donde están. Que dejen en paz a las personas».]]></content:encoded>
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                        <title>Continúa el juicio por el femicidio de Claudia Repetto</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:46:17 +0000</pubDate>
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En marzo de 2020, a medida que avanzaban las disposiciones de aislamiento por el avance del covid, Claudia Repetto era buscada desesperadamente por su familia. Semanas después la encontraron asesinada. El principal acusado fue su expareja, quien, según los testimonios que se escucharon este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC)1, la perseguía y la hostigaba continuamente.
Mónica Zarategui era amiga de Claudia. Compartía con ella clases de folklore y en la segunda jornada del juicio que tiene como imputado a Ricardo Alberto Rodríguez, de 57 años, le tocó comparecer como testigo.
De acuerdo al testimonio de Mónica, el acusado “resultó ser una persona absorbente, que la hostigaba, la perseguía y la acosaba continuamente”. Algo similar relataron los hijos de Claudia en la primera jornada del debate.
Esta testigo, que además era vecina de la víctima y del imputado en el barrio Termas Huinco de Mar del Plata, dijo que el hombre espiaba las conversaciones de su expareja a través de un caño conectado a la campana de la cocina, desde la casa lindera en la que él vivía.
A su vez Zarategui indicó que, tras el fin de la relación de cerca de un año y medio que había tenido con Repetto, Rodríguez “se presentaba en las clases de baile” a las que iban juntas, “se aceraba a la ventana” y “espiaba hacia adentro, pero cuando salíamos él se había ido”.
“Claudia estaba buscando casa para irse, para que no la siguiera acosando más”, relató la mujer y agregó que “él entraba sin permiso” en su casa “cuando ella no estaba”, por lo que le sugirió “mil veces que lo denunciara” y que él dejó de saludarla cuando lo supo.
Otro de los testigos en el juicio que se lleva a cabo en el séptimo piso de los tribunales marplatenses fue Hugo Rodríguez, amigo de los hijos de la víctima y quien capturó al imputado 26 días después de su desaparición y de la de Repetto.
El hombre explicó que siguió al acusado con su camioneta en la zona de Punta Mogotes cuando advirtió que podía tratarse de él y que “él decía que estaba equivocado, que no era la persona buscada”. Sin embargo, cuando reconoció finalmente que lo era “dijo que no sabía nada” de la mujer, y que “se había ido solo de su casa”.
Por su parte, María Constancio, vecina del PH del que forman parte tanto la vivienda de Repetto y como la de Rodríguez, declaró que lo vio al acusado “espiando hacia adentro de lo de Claudia”.
La testigo relató que, en una ocasión, cuando pidió al hombre que la ayudara porque se le había roto el calefón, “él empezó a contar todo el tiempo que habían sido pareja, no paraba de hablar de ella de forma obsesiva”.
En la audiencia ante los jueces Mariana Iriani, Juan Galarreta y Raúl Perdichizzi, declararon, además, un hijo menor de edad de Zarategui, y otro vecino que dijo que la madrugada posterior al crimen vio al imputado salir en bicicleta y con unas bolsas.
Por último, declaró otra vecina del barrio que solía encargarle tareas de jardinería a Rodríguez y que sostuvo que varios días después de su desaparición, cuando ya era buscado por la Policía, pasó presuntamente a cobrar un trabajo pendiente y ella corrió hacia el interior de la vivienda “asustada” mientras él escapó.
En tanto, el acusado no estuvo presente en la audiencia luego de que su defensor, Christian Rajuan, adelantara que por el momento no tiene pensado brindar declaración, ante lo cual, la jueza Iriani precisó que en caso de cambiar de postura deberá ser trasladado al TOC para hacerlo de manera presencial.
E debate continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos, tres profesionales médicos.
Rodríguez llegó al juicio imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”, delito que prevé la pena de prisión perpetua, y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal 44.
De acuerdo a la investigación del crimen, Repetto fue asesinada en el interior de su casa, ubicada detrás de la del acusado, y tras el femicidio, el hombre enterró el cuerpo a un costado de la ruta 11, camino a Miramar.
La desaparición había sido denunciada el 2 de marzo 2020, luego de ella que se ausentó en su trabajo en un hotel del macrocentro marplatense donde realizaba tareas de limpieza.
Inicialmente, la causa fue caratulada “averiguación de paradero”, y pese a un fuerte despliegue de fuerzas provinciales y federales, que incluyó rastrillajes con perros y análisis de cámaras de seguridad, durante 26 días no hubo rastros de la víctima ni del acusado.
Finalmente, Rodríguez fue detenido el 27 de marzo de 2020, en el inicio de la cuarentena por el coronavirus, interceptado en la vía pública por el amigo de los hijos de Repetto.
Horas después de su captura, confesó el femicidio y dijo que había enterrado el cuerpo 15 kilómetros al sur del centro marplatense, muy cerca del sitio en el que efectivos policiales habían hallado una pala en los primeros días de la investigación.
También confesó que la noche del crimen atacó a Repetto cuando ella salía para encontrarse con un amigo que debía pasarla a buscar por su vivienda, en la calle Don Orione al 1.500.
Según la hipótesis planteada en el inicio del juicio por el fiscal Leandro Arévalo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 marplatense, “cerca de las 21.30 del 1 de marzo 2020, Rodríguez, previo ingresar de manera imprevista al lugar donde vivía” Repetto “la sorprendió acometiendo contra ella y con el inequívoco objeto de causarle la muerte comenzó a agredirla”.]]></content:encoded>
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                        <title>Aniversario de la desaparición de Abigail Carniel, en Mendoza: “Un año sin mi hija, un año sin respuestas”</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:45:09 +0000</pubDate>
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“Un año sin Abigail y un año sin respuestas”. Así resume Verónica Carniel, mamá de Abigail, el camino recorrido desde la desaparición de su hija, el 16 de abril de 2021. El sábado, cuando se cumplía el primer aniversario de su ausencia, cientos de personas marcharon en Mendoza para exigir la aparición de la joven, que tenía 18 años cuando se subió a un colectivo de la línea 353 en el barrio Sargento Cabral, en la localidad de Las Heras. Estaba con una amiga muchos años mayor, y bajó del vehículo antes de la parada más cercana a su casa. Fue lo último que se supo de ella.
“Lo que me genera este aniversario, igual que desde que empezó este triste camino hasta ahora, es mucha bronca. Porque la justicia y la policía no hacen nada. No buscan a mi hija. Están cómodamente en sus escritorios, nada más. No hay novedades, no hay búsquedas. Un año sin Abigail y un año sin respuestas”, lamenta Verónica en diálogo con Tiempo. “Solamente el aumento de la recompensa, que me parece una burla. Nada más. Hay gente que no habla: delincuentes y asesinos que no hablan. Sigue todo igual que en un primer momento”, critica y agrega: “Por parte de la justicia, siempre fue una tomada de pelo lo que hicieron hacia mi familia, hacia mí y hacia mi hija. Jamás la buscaron”.
El mes pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a dos millones de pesos la recompensa para quien pueda aportar información sobre el paradero de Abigail Carniel, cuyo caso está caratulado por la Justicia provincial como femicidio. La recompensa fue solicitada oficialmente –según consignó la agencia Télam- por el fiscal de Homicidios y Violencia Institucional de Mendoza, Carlos Torres.
A lo largo de la investigación, la Justicia detuvo e imputó como coautores de la desaparición de la joven a Vicente Cayetano Chumacero Martínez, de 42 años, y a Martín Ezequiel Márquez, alias «Chupete» o «Chupetín». Quedaron arrestados durante los rastrillajes realizados en mayo de 2021, en un predio del barrio Sargento Cabral. También fue detenido Claudio Armando Díaz, «Fido», quien había sido acusado de haber instigado el crimen, aunque luego fue desvinculado. En agosto 2021, los abogados de Chumacero Martínez y Ezequiel Márquez apelaron la prisión preventiva y fue aceptada por los jueces María Belén Salido, Víctor Comeglio y Marcelo Gutiérrez del Barrio, por lo que recuperaron la libertad. “Chupetín”, además, fue denunciado por violencia de género por una expareja.
A comienzos de este año, cuando Abigail llevaba casi nueve meses desaparecida, su madre decía a este medio: “Llegaron a confirmar que a Abi la asesinaron por escuchas telefónicas; hacía casi dos años que venían investigando a una red de narcotráfico: ahí escucharon la conversación de un hombre y una mujer que peleaban y la mujer le decía que era un asesino porque había matado a la pendeja desaparecida y el tipo le decía que se callara, porque le iba a pasar lo mismo a ella”. Además, aseguró que en el barrio Sargento Cabral hay gente que tiene información, pero calla “por miedo”.
Abigail, de 1,70 de altura, cabello negro, largo y ondulado y contextura robusta, estudiaba en un Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA). Quería ser peluquera y “hacía unas trenzas hermosas”, según su mamá. “Quería avanzar. En mayo iba a cobrar el Progresar. Estaba ilusionada con eso”, contó. Y recordó que lo último que escuchó de su hija fue un “nos vemos, mamita”, cuando la fue a visitar a su casa para reconciliarse tras una discusión.
«Quiero saber dónde está, qué le hicieron, poder llevarle una flor. Y si está viva, saber a ciencia cierta que es así», dijo su mamá. Y añadió, en diálogo con el portal MDZ: «Lo que llegó a oídos de nosotros es que a mi hija sí le hicieron daño y estuvo tanto viva como muerta en un container. Ellos pensaron que Abigail estaba sola, que no tenía familia, ni una madre que la iba a buscar. Cuando vieron que empezamos a movilizarnos por todos lados, la sacaron de ahí y la llevaron para otro lado. Ojalá supiera para dónde”.]]></content:encoded>
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                        <title>Senado: Aprobaron en comisión el cupo laboral de travestis y trans</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:44:01 +0000</pubDate>
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Un proyecto de inclusión laboral para la población travesti y transgénero obtuvo hoy dictamen favorable durante un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser convertido en ley durante la sesión de la semana próxima.
Además, los legisladores respaldaron dos iniciativas presentadas por senadores del oficialismo de similares características cuyas autoras son la chubutense Nancy González y la catamarqueña Inés Blas.
Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad (sic) educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.
También considera que se entiende por “personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
Durante el debate de este jueves, la senadora González (Frente de Todos) consideró que el país está “en deuda” y que “está llegando tarde” con este reclamo pero valoró que se avance en su aprobación.
Blas, por su parte, sostuvo que no se puede “dilatar más la ampliación de derechos para este colectivo” al entender que “es un estricto acto de justicia e inclusión social”.
La legisladora ponderó la “larga lucha por la igualdad de oportunidades” de travestis y trans y aseguró que “el trabajo dignifica y ordena la vida de las personas”.
Otro de los puntos de la norma dictaminada indica que “los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo”.
El proyecto también contempla que las “contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales” y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
Para la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que condujo el debate esta tarde, el de hoy “es un día histórico” por el avance para la aprobación de la norma en el recinto, que será probablemente incluido en la sesión del próximo jueves.
“Este es un país que tiene una normativa muy valorada en el resto de los países por la ampliación de derechos. Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso” ya que “sancionar esta ley será reparar y reconocer” y dejar atrás “la exclusión social y vulneración de derechos” de este grupo poblacional.
Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans celebraron la aprobación en comisión de esta tarde. «El texto de la media sanción que obtuvo esta tarde dictamen en el Senado es el resultado de un consenso impulsado por el Frente Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, en un trabajo mancomunado con las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez. Ahora los esfuerzos se concentrarán en lograr la sanción definitiva en el Senado»
“Celebramos este paso histórico en el reconocimiento de derechos humanos fundamentales por parte de las comisiones del Senado de la Nación. Nuestros derechos civiles fueron arrasados por la discriminación por nuestras orientaciones sexuales e identidades de género. Reconocer nuestras exclusiones hace a nuestra sociedad y a nuestros procesos políticos realmente democráticos”, expresó Marcela Tobaldi, fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha.
“Estamos cada vez más cerca de hacer historia y justicia, de cambiar nuestras vidas, de construir la sociedad que necesitamos. Les senadores reconocieron el amplio consenso, trabajo, apoyo y federalismo que tiene nuestro proyecto de ley y le dieron dictamen favorable a la media sanción sin modificaciones. Esto demuestra la fortaleza, la potencia y la capacidad de agencia de nuestro colectivo en la lucha incansable por nuestros derechos”, afirmó Thiago Galván, Secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
“El dictamen de hoy se traduce en otra conquista del colectivo travesti y trans de Argentina. Ahora aguardamos con mucha expectativa que se trate en el recinto del Senado y sea Ley. Es lo que venimos reclamando históricamente, la sanción de esta Ley es un paso más en la construcción de ciudadanía. Acceder al trabajo implica poder proyectarse y embarcarse en un proyecto de vida como cualquier ciudadano”, explicó Claudia Vásquez Haro, Presidenta de Otrans Argentina y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.
«El colectivo travesti trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal. 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas al ejercicio de la prostitución y, como extensión, a la violencia institucional y el deterioro de su salud integral», finaliza la campaña.]]></content:encoded>
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                        <title>Mi cuerpo mi decisión: cinco años de la legalización del aborto</title>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:42:54 +0000</pubDate>
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Una pantalla gigante de espaldas al Congreso de la Nación proyectaba el 30 de diciembre de 2020 la histórica sesión del Senado en la que se trató la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a ella cientos de mujeres y diversidades esperaban el resultado de una normativa que cambió la vida de miles de mujeres y que posicionó a la Argentina como uno de los países más avanzados en materia de derechos. Pasadas las dos de la mañana la plaza del Congreso estalló en un solo grito, que se mezcló con lágrimas. En las plazas principales de cada provincia y cada ciudad se repetía la misma imagen. De fondo, la frase «el aborto es ley».
Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las pocas militantes que pudo ingresar esa noche al Senado, cuenta que al escuchar la aprobación salió corriendo hacia la plaza, «quería estar con todas mis compañeras», dice a Tiempo Argentino, cinco años después.
Para Martino, no se hubiera podido llegar al 2020 sin ese inolvidable año de militancia en 2018. «Fue crucial para la despenalización social que veníamos buscando desde la Campaña», recuerda. «Nuestras primeras acciones se dirigieron hacia la gente en general porque era un tema muy tabú. En 2018 ese tabú se cae, todo el mundo habla de aborto, se habla en todos lados. Todavía hay anécdotas que siguen saliendo de gente, sobre todo mujeres, que a partir de todo ese proceso de discusión en las Cámaras hablaron del aborto en su familia, que se enteraron que sus madres o abuelas habían abortado. Un debate profundo que llegó hasta esos lugares muy personales».
Las horas de debates en 2018 y 2020 posibilitaron que hoy haya por lo menos una generación que no asimila que el aborto no sea legal.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, él y sus referentes amenazan con atacar una de las leyes más debatidas en la historia de la democracia argentina. El ataque no es hacia la ley, claro, es hacia la organización transfeminista.
«No creo que todo este proceso con la ley en 2018 y en 2020 sea en vano. Siempre hubo una parte de la población que cree que las mujeres somos inferiores a los hombres. Desde el gobierno esa idea está muy arraigada porque todo el tiempo están en contra de las mujeres, no nos creen y discuten hasta los femicidios. Hay que ir contra eso, mostrar los datos, las evidencias», expresa Martino.
Julia Martino fue una de las integrantes de la comisión de cabildeo de la Campaña por el Derecho al aborto. Recuerda lo trabajoso que fue aquel 2020 recuperar el debate público y apuntar al poder político.
«Fue dificilísimo. Estábamos en medio de la pandemia y desde la Campaña fuimos perfeccionando las estrategias. Para nosotros siempre fue clave dirigirnos a la sociedad y juntar ahí los consensos. Luego apuntar a la política con el proyecto propio con la movilización de siempre», recuerda. «El proyecto era una herramienta muy poderosa porque te obligaba a hablar con diputados, diputadas, senadores y senadoras pero en 2020 lo diferente era la promesa del presidente Alberto Fernández de mandar un proyecto desde el Ejecutivo». Pero ese año, la pandemia por el Covid-19 obligó a replantear la estrategia y trabajar más con las redes sociales que tomaron un lugar importantísimo. También tuvieron que apuntar ahora hacia el Poder Ejecutivo antes que al Legislativo.
«Nosotras habíamos perfeccionado nuestro proyecto, vuelto a presentar para que esté en la mesa de discusión. La pandemia ocupaba todo el debate y era normal, pero fue presionar sobre el gobierno sin tener la manifestación en las calles», reafirma. «Había que romperse la cabeza para buscar qué cosas hacer porque sin la pata de esa movilización es como que estábamos rengas. Pero sabíamos que estaban generadas las condiciones en la sociedad, ya estaba instalado el tema y hubo también una voluntad real desde el Ejecutivo».
Que la Campaña y las acciones hayan sido federales fue fundamental. «En el Congreso las cosas son muy tensas, los votos los contás de a uno, tenés que estar encima hasta el último segundo. Están votando y los están presionando a los legisladores para que voten en contra. Eso habíamos aprendido también, que no se podía aflojar en ningún momento.»
En mayo, con su ya clásica estrategias de datos falsos y argumentos mentirosos intentó vincular el descenso en la tasa de natalidad con el acceso al aborto legal. Para Julia, pensar nuevos puntos de debates es fundamental en estos tiempos. «Sabemos que la tasa de natalidad empezó a bajar hace más de diez años, 2014. Hay que estudiar mejor esa respuesta, esos argumentos no estaban en 2018. El derecho a decidir de las personas gestantes no cambió pero sí surgen arumentos que antes no teníamos y ahora tenemos que pensarlos», agrega.
Victoria Llarens integra Socorristas en Red en Catamarca. Allí la situación es compleja porque el gobierno provincial hoy se niega a aplicar la ley. Sin embargo, desde el socorrismo rescata los cambios fundamentales que hubo con respecto al cambio social que brindó la aprobación de la ley.
En Catamarca, cuenta Victoria, la demanda creció desde la aprobación de la ley, pero más allá de eso, rescata que transformó la mirada de gran parte de la sociedad. «Acá la palabra aborto no se podía pronunciar. Necesito hacer eso, Necesito poder sacarme esto de acá, decían. Después de la ley, y eso lo trabajamos mucho en los talleres del socorrismo, trabajamos mucho poder nombrar esa palabra, sacarla de ese lugar del miedo, del tabú, de la vergüenza», cuenta.
Con la llegada de este gobierno, que desplazó la responsabilidad del cumplimiento de la ley todo fue dificultoso en Catamarca. «En el sistema de salud siempre hemos tenido respuestas hasta ahora, que directamnete nos avisar que no se está cumpliendo con la ley.
La Iglesia Católica tiene en Catarmarca un lugar importante. Por eso, era fundamental mirar qué pasaba con aquellas personas gestantes que querían abortar pero se sentían condenadas. «Sistematizamos todos los acompañamientos desde que se creó la colectiva y una de las preguntas es si sos religiosa, si crees en Dios, si tenés alguna religión. Ahí vimos que las personas, que las mujeres gestantes son religiosas y abortan, y creen en la Virgen, y creen en Dios. Eso en algún momento era un conflicto con esta decisión. Hoy no lo es. Pueden tener sus creencias, pero esto no va a interferir en la decisión de abortar. Eso es un avance en cinco años que nuestra sociedad pueda este procesar eso es un montón. Habla del esfuerzo y el trabajo constante que venimos haciendo en el territorio».
Una niña nota un retraso en su menstruación. Tiene 12 años, pero se ilusiona. Hace un tiempo está “noviando” y ser mamá es parte de sus ilusiones. No siente vergüenza y lo cuenta a su familia ya que convive con su novio. También a la agente sanitaria que la atiende en una visita a la comunidad originaria en la que vive, a unos kilómetros del centro de Tartagal, en la provincia de Salta. A partir de ese momento es acompañada por médicas, psicólogas y profesionales del Hospital Juan Domingo Perón, quienes le expresaron la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo, como indican los protocolos sanitarios para personas gestantes de su edad.
Ella fue determinante: el embarazo era algo que quería. “Esta es una realidad situada que vivimos no solo en las comunidades originarias, sino también entre la población criolla” cuenta en diálogo con Tiempo una profesional del equipo de salud que intervino en la atención de la niña. El caso fue noticia hace pocas semanas porque la niña se encadenó en la puerta de la Ciudad Judicial local exigiendo que la dejen avanzar con su embarazo.
Ser mamá a los 12, 13 o 14 es lo que los organismos de protección de derechos llaman embarazo temprano no intencional o embarazo precoz y que múltiples legislaciones nacionales e internacionales buscan erradicar pero que aún hoy, a cinco años de la legalización del derecho a decidir, son una realidad para niñas y adolescentes. “Quedar embarazada” se inscribe en una trama aún más compleja que incluye pensar a las infancias como sujetos deseantes y con una vida sexual activa. ¿Qué pasa cuando entrar a la vida adulta a través de la maternidad es la única opción? ¿Es la maternidad un proyecto de vida viable para una niña o una adolescente?
Según la última publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), que recoge información del año 2023, en Salta 75 menores de 15 años fueron madres en ese año, mientras que en la franja etaria de 15 a 19 años los casos registrados ascienden a 1.847. De los nacimientos ocurridos ese año en esa provincia, el 11% fueron protagonizados por menores de 10 a 19 años, un número que integra el total de Argentina, con 40.560 nacimientos de adolescentes de ese rango de edad. Ser mamá mientras se estudia o se cuida hermanitos es parte de la cotidianidad de muchos territorios y Salta no es una excepción.
Otro punto de la Ley de Interrupción del Embarazo es la articulación con la Educación Sexual Integral en todo el territorio argentino. La ESI llegó a tener incluso más resistenciaque la Ley IVE.
El Informe Plan ENIA 2017-2023. Oportunidades de vida para adolescentes en la Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) publicado este año asegura que la reducción del 50 % de la tasa específica de embarazo adolescente de la Argentina entre 2018 y 2023 se explica no solo por el aseguramiento de métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de las consejerías en salud sexual y reproductiva en los servicios de salud del primer nivel de atención, sino también por la creación de una amplia red territorial que enlazo políticas públicas vinculadas a la educación, el trabajo y el derecho a la educación sexual integral.
El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) marcó un hito en el campo de las políticas públicas vinculadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina y en América Latina. Hoy está prácticamente desarticulado: aunque aún forma parte del organigrama del Estado Nacional, no tiene presupuesto real ni equipos técnicos en territorio. El derecho a decidir camina de la mano del derecho a estudiar y disfrutar la infancia, teniendo vivienda y alimento asegurado. También cuidados.
El caso de la niña de Tartagal parte de una serie de confusiones que, sobre todo, expusieron a la niña. Según cuenta Marcela Calermo, referenta de la comunidad, la niña temía que la obligaran a abortar.
La médica que pide reservar su identidad, cuenta a Tiempo que para ella, “la madurez que tenemos desde los equipos de salud desde la vigencia de la legalizacion del aborto no va acompañada del mismo grado de madurez del sistema de justicia”. La profesional prefiere mantener su anonimato porque es muy difícil afrontar estas situaciones sin quedar expuesto a críticas o acusaciones. Cuando el caso de la niña se hizo público, algunas voces señalaron al equipo de salud como culpables de no haber ofrecido el acceso a una ILE a la niña y también de no haber denunciado el abuso. Fue necesario que la Directora de Maternidad e Infancia de Salta, Patricia Leal, contara públicamente el modo en que se abordó el caso, que segun la medica entrevistada por Tiempo, fue informado y elevado en tiempo y forma a la Secretaría de Niñez
“Además de la ley de interrupción voluntaria del embarazo está el Código Civil y para nosotros está sumamente presente, día a día, la autonomía y el derecho de que también las niñas puedan tomar determinaciones y elecciones sobre sus procesos de salud y sobre su propio cuerpo. Una cosa es que debería interrumpir el embarazo a criterio nuestro y otra es que sea una obligación” reflexiona la trabajadora.
Pasaron cinco años la ley que cambió la historia de las mujeres y personas gestantes. El debate sobre la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir está en las calles. Y por ahora no hay manera que se acepten retrocesos.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:41:46 +0000</pubDate>
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Pasó un nuevo día de los y las economistas donde queremos reflexionar sobre las voces más escuchadas del campo económico y el contenido que reproducen los mismos ya que, aunque estamos en el 2022, las mujeres seguimos faltando en el debate público de la ciencia económica, como faltan en general las voces y las perspectivas de las nuevas generaciones.
Los economistas de siempre
Hace menos de tres meses, la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un ranking de economistas en base a la cantidad de seguidores y el impacto de sus publicaciones en Twitter, una de las redes sociales donde más circula el debate político y económico.
Cuando vemos los resultados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, EEUU y España, es decir, todos los países que conformaron el estudio, podemos evidenciar el short on women (cortos en mujeres en español) en las voces más leídas y referenciadas. En el caso particular de Argentina, Chile y Estados Unidos directamente no aparece ninguna mujer en su ranking. Otra característica que evidencia el informe es la edad promedio de los economistas más referenciados. Lejos de revelar nuevas generaciones en los nuevos medios de comunicación —un fenómeno esperable de un estudio de las redes sociales—, siguen reflejando varones de 59 años en promedio.
Si nos paramos específicamente en Argentina, el ranking de economistas de Twitter nos muestra un varón de 52 años que ocupó cargos públicos y mantiene una perspectiva “pro Mercado”.
Más allá de los nombres propios, la reflexión a la que invitamos no se reduce al sexo y edad de las personas que más replica tienen en Twitter, sino que los temas y perspectivas que reproducen estas mismas personas nos pueden dar pistas de qué estamos ponderando en el debate público.
Los temas de siempre
El estudio en cuestión identifica a los tuits de los economistas como “Pro Mercado”, “Pro Estado” y “Centro”. Etiquetas que reducen la complejidad de las expresiones de las personas más escuchadas en el campo económico twittero, pero que visibilizan tendencias mayoritarias en los distintos países.
En Argentina, el 70% del top ten de economistas usa argumentos:
Como vemos, los discursos que se exponen muestran debates que se dieron largamente durante el siglo pasado sobre el rol de los Estados en la regulación, o no, de las economías. Actualmente, luego de varias crisis financieras, una pandemia y varias guerras la realidad de los países y la complejidad de los conflictos hacen obvia la regulación de los Estados, ya sea en favor de las grandes mayorías con políticas públicas que garanticen derechos o en favor de sectores concentrados, como por ejemplo salvar al sistema financiero y bancario de su propia implosión.
En este momento, no sólo llama la atención la falta de mujeres y caras nuevas en la cúspide de los economistas, sino también lo atrasados que son los discursos dicotómicos como “regular/no regular” ante un contexto que demanda posicionamientos más complejos, como para qué y para quienes se regula. Lo interesante de este estudio es que nos pone de frente a cuestionar nuestros propios consumos dentro de la red social del pajarito.
Los problemas no son los de siempre
Vivimos un escenario económico complejo a nivel nacional en un mundo que decretó su salida de la pandemia a costa de mayor desigualdad y con enfrentamientos crecientes. El “vamos a salir mejores” termina con alertas sobre crisis alimentarias y energéticas que pintan un contexto donde la vara de lo posible parece inclinarse hacia peores resultados para las grandes mayorías. En este escenario, nuestro ranking de economistas no parece decirnos ni mostrarnos nada nuevo.
Está claro que no es un panorama sencillo y el rol de las y los profesionales de la ciencia económica cobra un sentido especial, si bien la intención no es reducir los largos debates en relación a los objetivos que tiene la ciencia económica si buscamos replantearnos para qué usamos las herramientas que supimos conseguir: ¿Alcanza con justificar programas de austeridad fiscal y/o monetaria a raíz de los conflictos crecientes? ¿Sirve plantear eventuales escenarios catastróficos en pos de excusar los malestares actuales?
La mayoría de los economistas del ranking dirán que sí. Desde Ecofeminita decimos que no. Nuestra invitación es a escuchar a los, las y les economistas que salen de esa lógica dicotómica de bandos homogéneos para marcar los límites que tenemos y exigir que necesitamos una ciencia económica a disposición de los problemas económicos de las mayorías. Aquí, donde el discurso parece radicalizarse en favor de los pocos que siempre ganan, hacemos una apuesta por una nueva economía, donde la vida humana y su sostenibilidad estén en el centro de la escena.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo y Ecofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.]]></content:encoded>
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